La sentencia analiza el fallecimiento por infarto de una trabajadora que prestaba servicios desde su domicilio bajo un régimen de teletrabajo con horario flexible. Hasta aquí podría parecer un supuesto excepcional. Sin embargo, el razonamiento que utiliza el Supremo tiene implicaciones muy amplias para cualquier empresa que permita trabajo a distancia o teletrabajo, especialmente cuando existen sistemas de control poco precisos o jornadas flexibles mal definidas.

El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado, el 28 de abril de 2026, el Anteproyecto de ley por la que se modifican la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; y el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Según la nota de prensa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la reforma busca actualizar la prevención de riesgos laborales para responder a los desafíos del trabajo en el siglo XXI, en especial los derivados de la digitalización, los cambios en la organización del trabajo, la desconexión digital, la conciliación, los riesgos psicosociales y el cambio climático.

El objetivo de la convocatoria es doble: por un lado, apoyar a los autónomos en situaciones personales que dificultan la continuidad de su actividad y, por otro, favorecer la contratación y el empleo estable en el Archipiélago.

El teletrabajo en vacaciones no es, por sí mismo, un derecho automático ni uniforme para toda la plantilla.

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El Gobierno ha dado un paso decisivo en la implantación de la factura electrónica obligatoria al aprobar el Real Decreto que desarrolla esta medida, prevista en la Ley Crea y Crece. Según ha confirmado la Agencia Tributaria, la entrada en vigor efectiva dependerá de la puesta en marcha de un repositorio público de facturas, una plataforma central que permitirá registrar y controlar las operaciones entre empresas y profesionales.

La solicitud de formalización de un precontrato de trabajo por parte de un candidato seleccionado, en el contexto de un proceso de contratación laboral, plantea interrogantes de especial relevancia práctica sobre su obligatoriedad legal, naturaleza vinculante y las responsabilidades civiles que de su aceptación o incumplimiento se derivan.

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Si en la convocatoria no mencionas el derecho de información del art. 272.2 LSC, tu junta y el depósito de cuentas pueden caer. Claves, checklist y modelo.

La Consulta Vinculante nº 2297 de la ATC aclara cómo tributan en IGIC los canales restaurante, take away, drive y delivery. Conoce su calificación y el tipo aplicable en 2026