La Comunidad Autónoma de Canarias ha dado un paso decisivo hacia un modelo de movilidad más sostenible y justo con la aprobación de la Ley 4/2025, que modifica de forma urgente la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera. Esta reforma responde a la necesidad de adaptar la normativa autonómica a los nuevos retos medioambientales, tecnológicos y jurídicos, especialmente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cuestionó la proporcionalidad fija entre licencias de taxi y autorizaciones VTC.
La ley introduce criterios objetivos para el otorgamiento de autorizaciones, como la calidad del aire, la reducción de emisiones, la congestión viaria y la capacidad de carga del territorio. Además, establece un marco insular para las autorizaciones VTC, refuerza la digitalización de los procesos administrativos y protege el medio ambiente mediante límites estrictos a nuevas concesiones.
La ley original, vigente desde 2007, apenas había sido actualizada, a pesar de los profundos cambios en el sector del transporte. La irrupción de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), la presión sobre el medio ambiente y la congestión urbana, junto con sentencias clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han evidenciado la urgencia de revisar el modelo.
En particular, la sentencia del TJUE de junio de 2023 invalidó la proporcionalidad fija entre licencias de taxi y autorizaciones VTC, obligando a los estados miembros a justificar cualquier restricción con criterios objetivos como la gestión del tráfico o la protección ambiental.
La nueva ley introduce cambios estructurales que afectan tanto a la concesión de autorizaciones como a la gestión del transporte en Canarias:
Se eliminan las proporciones fijas entre taxis y VTC, y se establecen criterios como:
Durante un máximo de dos años, se suspende el otorgamiento de nuevas licencias de taxi y VTC, mientras los cabildos insulares definen criterios adicionales adaptados a sus realidades locales.
Las autorizaciones VTC vigentes podrán operar en todo el archipiélago durante dos años. Luego, su ámbito se limitará a la isla donde estén domiciliadas
Las autorizaciones VTC pasan a tener carácter insular, aunque se permite la prestación puntual de servicios en otras islas bajo condiciones específicas.
Se refuerza el uso de medios electrónicos para la gestión de autorizaciones, comunicaciones y hojas de ruta, mejorando la trazabilidad y el control administrativo.
Hasta que se habilite el registro digital, los servicios VTC deben documentarse mediante hoja de ruta física, conservada durante un año.
No se otorgarán nuevas autorizaciones si se superan ciertos niveles de contaminación o si se incumplen los objetivos de reducción de emisiones, salvo que se trate de vehículos cero emisiones.
La Disposición adicional cuarta de esta Ley modifica la normativa de desarrollo de la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo en las islas no capitalinas, de manera que dicha bonificación podrá aplicarse al precio de combustibles destinados a su utilización en buques y embarcaciones de recreo con fines lucrativos (lista sexta del Registro de Matrículas de Buques).
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