Este artículo ha sido publicado en el número 296 de junio de 2022 de la revista del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España.
Con el advenimiento de la revolución tecnológica, cuarta revolución industrial, nos enfrentamos inequívocamente, a una de los profundos cambios vividos por el ser humano hasta ahora. Con la aparición de la sociedad de la información y del Conocimiento (TIC), producto de la anterior revolución, nos enfrentamos a nuevos retos que cuestionan y ponen en peligro las tradicionales estructuras socioeconómicas y políticas de los Estados.
Entre estas nuevas amenazas y riesgos a los que se afronta la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en la que estamos inmersos, ha transformado el mundo hacia una aldea global, sin fronteras geográficas, generado con ello un grave problema de pérdida de las eficacia material de la garantía de los Derechos Humanos y en general de los ordenamientos jurídicos de los Estados modernos. Estamos viviendo una verdadera transformación digital que impacta en casi toda nuestra cotidianidad y en cómo tomamos nuestras decisiones, alberga una parte poco amable, impulsada por intereses geoestratégicos que demandan no solo políticas activas sobre Ciberseguridad que permiten preservar el Ciberespacio, los Derechos Fundamentales e Internet, entre otros.
En esta línea de protección de los Derechos Humanos en el Ciberespacio, la Ciberseguridad se presenta como uno de los principales instrumentos para la de defensa, en los planos políticos-sociales y económicos, de un poshumanismo para evitar una redirección hacia un nihilismo hermenéutico que persigue crear una nueva moral capaz de moldear nuestra realidad.
La Ciberseguridad se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de todos los Estados del planeta debiendo proteger tanto los datos, las comunicaciones ,ya que de no hacerlo podría tener un impacto muy costoso para la sociedad, desde el punto de vista del derecho a la privacidad y a la honra y el buen nombre, los derechos de propiedad intelectual, la protección de los ciudadanos, entre otros.
Pese a que la Ciberseguridad es una noción que tiene mucho de técnica transdisciplinar, geopolíticos y de protección de datos que no deja de estar imbricada a planteamientos morales, éticos y jurídicos que exigen dotar al Ciberespacio de transparencia mediante un Estatuto Jurídico del Ciberespacio que evite en los posible la Ciberanarquía.
El alto grado de utilitarismo de las nuevas tecnologías, sin lugar a dudas ha deslumbrado e impactado a los ciudadanos sin entrar a valorar la contrapartida o cesión de derechos que toleran. Por este motivo es necesario reflexionar sobre el alcance de las tecnologías.
Por ello, la Ciberseguridad alcanza un papel especialmente transcendental en la defensa y garantías de los siguientes Derechos Humanos y principios:
Convenio Europeo de Derechos Humanos
El artículo 5.1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. (Libertad acceso Internet y derecho al consentimiento)
El artículo 8.1. Derecho al respeto a la vida privada y familiar. (Privacidad)
Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, de su domicilio y de su correspondencia. Especialmente vinculado a defensa ante las tecnologías disruptivas y modeladoras de nuestra moral.
Artículos 14 y 17. Prohibición de la discriminación. En relación con actividades ilícitas en el Ciberespacio y la prohibición de abuso de derecho respectivamente.
Dentro del marco constitucional, cabe destacar, especialmente, la protección de Derechos Fundamentales, por la Ciberseguridad, como el artículo 10, 14 y especialmente el artículo 18 de nuestra Carta Magna que reconoce la Privacidad como un Derecho Fundamental especialmente protegido.
Al mismo tiempo, señalar que la Ciberseguridad, con su acción, debe ser garante de los principios generales del Ciberderecho, tales como: libertad de expresión, de neutralidad el Ciberespacio y tecnológica principio de la buena fe, de seguridad desde el diseño, de cooperación internacional y de privacidad. Así lo ratifica el Esquema Nacional de Seguridad, definidos en el Real Decreto 3/2010 (actualizado por R.D. 951/2015) que establece la seguridad como un proceso integral, una gestión de la seguridad basada en los riesgos, una prevención y recuperación de los datos, establecimiento de líneas de defensa, reevaluación periódica y seguridad como función diferenciada.
Como conclusión, la sociedad civil reconoce la importancia de la Ciberseguridad, ya que de ella depende el ejercicio material de derechos y libertades de cualquier Estado.